El día de ayer, la Fiscalía General de la República mediante un comunicado, dio a conocer que había determinado “no ejercicio de acción penal en favor del General Salvador Cienfuegos”. El caso es bastante conocido: la DEA detiene al ex secretario de Defensa Nacional del gobierno de Enrique Peña Nieto el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, California por delitos contra la salud y lavado de dinero. Después de una maniobra diplomática, en la que se puso de relieve la presión ejercida por el gremio militar hacia el gobierno de México, así como las “mañas” de la DEA para crear culpables a contentillo a lo largo de la historia (recomiendo leer los textos de Carlos A. Pérez Ricart sobre el tema) y claro, la “amistad” entre Donald Trump y AMLO, Cienfuegos llega a México en noviembre de 2020.
Supongo que pocas personas esperaban que, al regresar a México, Cienfuegos fuera vinculado a proceso por los delitos imputados por el sistema de justicia de Estados Unidos. En el intermedio, el presidente López Obrador mencionó que este caso no afectaba a las fuerzas armadas mexicanas y que en su gobierno no se daban ni darían estos casos, dando a entender como casi siempre que todo aquel que trabajó para los gobiernos anteriores -esos que son culpables de todo y nada- tiene algo de culpa.
Me parece que no podemos caer en el juego de creer que todo lo que suceda en Estados Unidos tiene credibilidad y es mejor, pero tampoco podemos creer que a pesar de sus “mañas” la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos iban a arriesgar su credibilidad e invertir tantos recursos deteniendo a un ex funcionario mexicano de alto nivel sin tener evidencias sobre los actos que se le imputaban. Entonces, en ese limbo de dudas, considero pertinentes algunas preguntas:
¿Por qué librar a Salvador Cienfuegos del juicio legal y mediático?
¿Qué intereses hay detrás de esto?
¿Será que más allá de las figuras obvias que podrían perjudicarse de sus testimonios, la élite militar mexicana presionó de forma severa al actual presidente y su gobierno para liberar a uno de los suyos, uno de los que apoyo la consolidación del proceso de militarización y militarismo en el país?
¿Realmente el Ejército mexicano no tiene, bajo ningún motivo, nexos con grupos criminales?
Esta estrategia legal del gobierno de México ¿tendrá como objetivo mostrar unas fuerzas armadas legales y leales para que continúen haciéndose cargo de los proyectos trascendentales que se han planteado?
¿Esto es un movimiento electoral adicional?
¿Nunca se van a juzgar altos funcionarios por corrupción?
¿Sólo García Luna fue el personaje más malo y oscuro de los gobiernos “neoliberales”
Esta lista de preguntas podría seguir y las respuestas que se pueden obtener, con evidencia, son pocas. La poca transparencia de las instituciones armadas, aunada a la postura del gobierno de México y su titular de eliminar los organismos autónomos que permiten ejercer el derecho humano a la información con transparencia y rendición de cuentas por las autoridades, no se presentan como un buen augurio.
Que el canciller Marcelo Ebrad halla referido en la mañanera que el expediente del caso se hará público, no debería alegrarnos del todo, porque ¿Cómo sabremos que los datos son correctos? ¿Se puede violar alguna ley al publicar estos datos? ¿Se hará lo mismo con otros funcionarios?
La cuarta transformación ha llegado en forma de desprecio al sistema de justicia, a la transparencia y la rendición de cuentas y con un amor patriótico a las fuerzas armadas. El militarismo mexicano es evidente y cada vez están dejando menos opciones para detenerlo. No entender que existe una élite militar que lleva años forjando un proyecto para posicionarse como un actor de poder político en el Estado mexicano, puede ser un elemento que deje vacíos en los ejercicios intelectuales para entender qué está pasando en este país.
El caso Cienfuegos, rompe otro hilo de la democracia mexicana.
LEE TAMBIÉN: Cronología del caso Salvador Cienfuegos Zepeda
