Autoridades federales, estatales y municipales de Aguililla, Michoacán, recibieron un pliego petitorio por parte de la Asamblea Comunitaria de esa ciudad asediada desde hace meses por la guerra que libran los cárteles de Jalisco Nueva Generación, los Cárteles Unidos de Michoacán y grupos civiles de autodefensa que luchan por controlar la esa zona del estado.
El documento plantea siete puntos para ir resolviendo la ola de violencia que vive esa ciudad como consecuencia de la guerra entre grupos delictivos y a raíz de la denunciada inacción del gobierno federal y estatal para contenerla.
Los habitantes de Aguililla demandan la reparación, la reapertura, libre tránsito y seguridad en las carreteras que los comunican con otros puntos del estado, así como la reactivación de los patrullajes y el reforzamiento de la seguridad en la zona, apoyos para reactivar la economía y salir del aislamiento en que se encuentran.
Aguililla, municipio en el que nació Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), está bajo asedio de facciones que buscan controlar esa parte del territorio michoacano a sangre y fuego. En esa dinámica de violencia desatada hace meses se han visto envueltas las fuerzas armadas y las policías estatal y municipal. El avance del CJNG en territorio michoacano.
Los episodios más recientes ocurrieron el 27 de junio y el 1° de julio, cuando un grupo de habitantes de Aguililla impidió el aterrizaje de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) en una loma aledaña al cuartel del 65 Batallón de Infantería (65 B.I.) que llevaba víveres y equipo para la tropa.
Después, los habitantes inconformes derribaron la puerta metálica del cuartel y lanzaron piedras y palos a los militares en protesta por su inacción para brindar seguridad, en reclamo por no salir a patrullar y darle protección a la gente ante los embates del CJNG y otros grupos delictivos. Estos hechos, que fueron difundidos en redes sociales mediante videos grabados por los soldados agredidos, elevaron la tensión y los niveles de confrontación entre civiles y militares.
Para reducir la confrontación y buscar soluciones en el corto y mediano plazo, la Asamblea Comunitaria de Aguililla, Michoacán, entregó a autoridades federales y mandos militares un pliego petitorio con siete puntos en los que demandan el cumplimiento de varias medidas para iniciar la pacificación del lugar, su reactivación económica, su reinserción en la actividad productiva de la región y, en términos generales, ser rescatados del aislamiento en el que los tiene la confrontación entre cárteles del narcotráfico y grupos de autodefensa.
Entre las principales demandas están la de rehabilitar carreteras, reconectar y comunicar a Aguililla con otros municipios, reactivar la economía y el empleo, reforzar la seguridad e instalar un Banco del Bienestar para que se garantice la recepción de remesas enviadas desde los Estados Unidos.
Funcionarios de la Secretaría de Gobernación encabezaron la delegación del gobierno federal, en tanto que el general Inocente Fermín Hernández Montealegre, comandante de la 43 Zona Militar con sede en Apatzingán, es el enlace con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y encargado de diseñar un esquema para que las tropas del 65 Batallón de Infantería con base en Aguililla, salgan de su cuartel y patrullen la zona para dar seguridad a sus habitantes.
El documento que detalla los siete acuerdos alcanzados está firmado el sacerdote Gilberto Vergara García, párroco de Aguililla, quien mediante el escrito de tres cuartillas le informa a la comunidad sobre el acuerdo alcanzado y el detalle de los siete puntos planteados por los habitantes y que son:
- Rehabilitación y mantenimiento a las vías de comunicación que están conocidamente deterioradas
- Culminación de proyectos carreteros, en especial la carretera Aguililla-Coalcomán. La apertura de la carretera Aguililla-Caleta de Campos del municipio de Lázaro Cárdenas.
- Aplicaciones de Programas Sociales Federales que permitan la activación de la economía, con énfasis en el empleo.
- La instalación de una sucursal del Banco del Bienestar que coadyuve a la capacitación (sic) de remesas enviadas por los paisanos residentes en los EEUU y el cobro de las pensiones a los adultos mayores.
- Reconstruir los mecanismos que aseguren el suministro de la energía eléctrica
- Reforzamiento de los programas de salud, incluyendo la puesta en marcha del Hospital Rural existente en la población de Aguililla y que éste disponga de servicios básicos.
- Vigilancia en las instalaciones que refuercen y garanticen los servicios de telefonía e internet, permitiendo así el acceso a las plataformas digitales y lograr la comunicación en general y la toma de clases a distancia.
Este listado, con los siete puntos planteados por representantes de los habitantes de Aguililla, está firmado por el Director General de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Lorenzo Gómez Hernández, por el Titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz en Estados y Regiones de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, y el Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos del Secretaría de Gobernación, Enrique Razoque Palazuelos.
El documento hace énfasis en tres de los puntos planteados. El primero es el de la “garantía de libre tránsito”, en el que destaca que “no es ni será aceptable que grupos de cualquier tipo realicen acciones o expresen argumentos para coartar ese derecho. Por lo que se fortalecerán las acciones de verificación y vigilancia del tramo carretero Aguililla-Apatzingán o vías de acceso, mismas que serán progresivas con la finalidad de que las y los habitantes puedan circular en condiciones de seguridad”.
Se reitera Que debe darse un fortalecimiento de la seguridad mediante la presencia de cuerpos de seguridad para llevar acciones de patrullaje, prevención y persecución de los delitos.
El texto se refiere también a los hechos de violencia registrados el 27 de julio y 1° de julio en el cuartel del 65 Batallón de Infantería en Aguililla, atacado por civiles y en el que hubo militares y civiles lesionados. En el documento se indica que los hechos deberán ser investigados para deslindar responsabilidades.
Se señala al final del documento que habrá un espacio de cinco días hábiles para fijar un calendario de reuniones con autoridades de los tres órdenes de gobierno para avanzar en las acciones planteadas.
