Con el transcurso de las últimas dos décadas, los mexicanos hemos perdido paulatinamente nuestra capacidad de asombro no sólo frente a la violencia desatada por la confrontación de los grupos criminales, sino también por estrategias y respuestas de los gobiernos de derecha e izquierda para tratar los asuntos de seguridad. Ya ni siquiera hemos llegado al punto de pensar que algún día las políticas de gobierno lograrán ser eficaces para regresar el estado de cosas a un nivel de violencia “aceptable” para poder llevar una vida sin el miedo constante de ser víctimas de los grupos criminales, ya sean los grandes o celulares cárteles de drogas, los sicarios, los secuestradores o los extorsionadores.
Aquel 17 de octubre fue para muchos mexicanos una fecha inolvidable, tanto por la sucesión de eventos desencadenados que incentivaron la impunidad criminal, como por el inicio de una nueva etapa de la violencia en México, en la cual los grupos criminales tomaron conciencia de poseer la capacidad de someter al gobierno federal bajo amenazas y uso sistemático del ciberespacio para crear contextos de psicosis colectiva para el logro de sus fines, práctica que han mantenido en las redes sociales como una herramienta efectiva de comunicación social y disuasión gubernamental.
De igual forma el 17 de octubre de 2019 fue la evidencia de un par de elementos que hasta ahora no han sido suficientemente analizados en los estudios de seguridad de nuestro país: el proceso de toma de decisiones en asuntos de seguridad así como la responsabilidad pública de los funcionarios decisores. Tal y como analicé en la hipótesis publicada en el artículo “Inteligencia y contrainteligencia militar frente a fallos y desafíos. El caso de Culiacán, México (2019)”, publicado en la Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad (URVIO), para lograr una secuencia lógica de los acontecimientos, las contradicciones entre la información oficial, la información de los medios de comunicación y la información publicada por los habitantes de Culiacán Sinaloa, se transformaron en una serie de variables que consideraron severos fallos de inteligencia y contrainteligencia en la planeación y ejecución de la operación sumado a una descoordinación paralizante entre los organismos de seguridad federales y el silencio oficial.
Si bien el trabajo de los servicios de inteligencia termina en la entrega del producto a quien toma las decisiones y por tanto no es responsable y no puede ser objeto de culpa de las consecuencias de tal decisión, el uso político de los servicios de inteligencia mexicanos los posiciona una vez más frente a la opinión pública tan sólo como una costosa y obscura red de espionaje, aunado a la percepción interna de que los productos de inteligencia no son considerados en la toma de decisiones y que junto a la desconfianza interinstitucional, no se traduce en la eficacia de sus fines sino en una suerte de teléfono descompuesto que refleja que la planeación estratégica no tiene la manera de ser operativa debido a severas deficiencias históricas que si bien están diagnosticadas, no son reformadas bajo la eterna excusa del presupuesto.
Paradójicamente los organismos de seguridad poseen los mayores presupuestos de la historia de México, los cuales son ejercidos para el pago de millonarias consultorías, así como en productos y servicios de empresas de tecnología bajo la cada vez más común práctica de adjudicación directa que por alguna razón nunca se traducen en mejoras del ambiente laboral del personal de inteligencia y el personal operativo.
Al final del día la herencia de aquél 17 de octubre no sólo fue la emergencia de la leyenda de Ovidio Guzmán y el sometimiento del Estado frente a grupos criminales, sino también la evidencia de la continuidad del pragmatismo de gobierno donde aquellas decisiones para “resolver” los problemas coyunturales y “salir del paso” termina por convertirlos en problemas estratégicos mayores.
Naturalmente estas resoluciones no corresponden en ningún sentido a las metas y objetivos nacionales y su justificación se oculta bajo la opacidad de la usual etiqueta de seguridad nacional para eludir la responsabilidad de transparentar y rendir cuentas sobre las variables y cursos de acción que no se podrían explicar por ejemplo, sin el enfriamiento de los servicios de inteligencia civiles y militares, la descoordinación operativa así como en severas afectaciones en la cadena de mando que derivaron en la liberación de un delincuente de alto perfil, tratando de evidenciar el acto como “la solución” del problema coyuntural sin predeterminar su grado de influencia sobre los escenarios de seguridad en el mediano y largo plazo, los cuales conllevan los costos de la decisión.
Y así rompiendo todos los esquemas de la elección racional y de la lógica, México una vez más tiene ser considerado como un caso atípico en temas de seguridad, ya que usualmente la toma de decisiones es el resultado de una evaluación que confrontan los cursos de acción; así también las consecuencias de una determinada elección incrementa o reduce su probabilidad de éxito en la decisión final y dentro de dichos esquemas sólo tenemos la explicación operativa hecha pública por el secretario de Defensa Nacional pero nos quedamos esperando la explicación estratégica del secretario de Seguridad Ciudadana.
Sin embargo, el análisis de la toma de decisiones también considera un elemento más estructural que se enfoca al tipo de relación entre los decisores y las organizaciones. La liberación de Ovidio Guzmán no sólo conlleva las circunstancias y las variables en las cuales se tomó la decisión, sino también nos habla del estado de cosas y las prácticas informales de los organismos de seguridad de México, en primer lugar como simples burocracias armadas (civiles o militares) que se encuentran inmersos en un sistema de premios y castigos, así como las asignaciones de responsabilidades y recursos, que como hemos presenciado, están basados en la percepción de lealtad -o mejor dicho de la alineación- más que la percepción de eficiencia o de la elección basada en los objetivos estratégicos, lo cual significaría la continuidad establecida no por los gobiernos panistas, sino más bien por las prácticas y un sistema de seguridad heredados por el PNR-PRM-PRI.
Lejos de las consecuencias estratégicas de largo plazo, el 17 de octubre también evidenció la nula importancia que tiene para las autoridades civiles de seguridad comunicar información oficial en plena situación de crisis, incentivando la desinformación y la incertidumbre que dieron origen a múltiples versiones de los acontecimientos y que no lograron esclarecerse con el pasar de los meses hasta que nueve meses después (19 de junio) llevaron al reconocimiento del presidente Obrador de ser el único decisor como un intento finiquito del tema.
Con todo, el reconocimiento de que el presidente López Obrador tomó la decisión justificando la pérdida de doscientas vidas humanas no corresponde, por ejemplo, con la racionalidad utilizada frente a la inminente llegada de Pandemia de COVID-19 a México y que ha costado hasta la fecha 84 mil muertes o una cifra mayor bajo los ajustes del Modelo Centinela, cuya metodología es considerada también como “asunto de seguridad nacional”. Después de un año no basta sólo con el nombre del decisor, sino con una explicación que sigue pendiente a todos los mexicanos y que seguirá pendiente hasta que sean respondidas, entre otras, estas simples preguntas: ¿Para qué fines estratégicos la acción de liberar a Ovidio Guzmán constituyó un medio óptimo?, ¿Cuáles fueron los cálculos de las consecuencias? Y quizás lo más preocupante de todo ¿Qué racionalidad existe en un estadista que da la percepción pública de autoboicotear cada día de su gobierno?
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