Desde el pasado 21 de septiembre, la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) activó una serie de programas en línea para difundir manuales y documentos relacionados con el respeto, protección y difusión de los derechos humanos entre todo su personal.
En uno de ellos se aborda el tema de la tortura y se reconoce al final de sus nueve páginas que “la tortura en México es un método de investigación utilizado por las diferentes autoridades tanto federales como locales”.
El agente activo de la tortura es un servidor público u otra persona a instigación del primero, añade la SEMAR en el documento que concluye señalando que “la tortura está prohibida en México en virtud de que así está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
El documento forma parte de un paquete de 12 textos en los que se desarrollan los temas más importantes acerca de las violaciones a los derechos humanos sancionadas por la legislación mexicana y que además están contempladas en instrumentos jurídicos internacionales firmados por los distintos gobiernos del país.
Enderezando la nave
Los cursos en línea que desde el 21 de septiembre ofrece la SEMAR surgen en un contexto complicado para la institución, que ha enfrentado recientemente acusaciones por abusos de varios elementos de su personal por hechos de violencia contra civiles.
Los dos más recientes ocurrieron entre el 23 y el 29 de agosto en dos municipios del estado de Tabasco, en donde dos grupos de marinos fueron denunciados por la presunta comisión de abusos, hechos de violencia y delitos contra civiles.
En sus comunicados 57/20 y 58/20 la SEMAR informó sobre la detención y presentación de dos grupos marinos por presuntos hechos delictivos. En el primer texto se señala que en “Cunduacán, Tabasco, quedaron a disposición de las autoridades ministeriales del estado de Tabasco seis elementos navales, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes, por presuntamente realizar actos contrarios al cumplimiento de sus deberes”.
La Marina señala que “los hechos ocurrieron en dicho municipio, cuando personal naval ingresó y sustrajo pertenencias de un domicilio, por lo que fueron denunciados por la ciudadanía y detenidos por la policía municipal de esa región”.
En este caso, la SEMAR presentó a los detenidos –seis elementos– ante las autoridades correspondientes e inició una investigación interna para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. La prensa local dio una versión distinta, señalando que los marinos habían entrado a una tienda a robar computadoras.
El otro caso se dio el 23 de agosto “en el ejido de Chicozapote, municipio de Cárdenas, Tabasco, en los que personal naval irrumpió en un domicilio particular en el ejercicio de sus funciones (sic)…”
La Marina explica que varios elementos de la Estación Naval Avanzada (ENA) de Sánchez Magallanes, ubicada en Cárdenas, Tabasco, respondieron a un llamado de auxilio de un elemento naval lesionado por un ataque con machete en su casa. Los marinos lo llevaron a un hospital y al regresar para atender a su esposa fueron atacados también a machetazos.
La versión oficial indica que en el altercado los marinos hicieron disparos al interior de una casa en la que estaba el atacante para disuadirlo. Esto quedó grabado por la familia que vive en el lugar. Sin embargo, las versiones de vecinos y de algunos medios locales indicaron que los marinos habrían llegado al domicilio para exigirle a su ocupante que les entregara un millón de pesos que había obtenido por la venta de un tractor. Al negarse habría atacado al personal naval.
En marzo de 2019 un grupo de 12 marinos fue vinculado a proceso penal por el asesinato de cuatro personas dedicadas el robo de combustible en el estado de Puebla. Los marinos sorprendieron a los civiles en una toma clandestina, los detuvieron y un día después aparecieron en un pozo de una comunidad ubicada en un sitio distante.
La SEMAR ordenó su separación para una investigación interna, en tanto las autoridades civiles procedieron en su contra por la muerte de los presuntos ladrones de combustible.
En marzo de 2019, lo que en principio era un operativo naval de combate a la pesca ilegal de la totoaba en las costas de San Felipe, en Ensenada, Baja California, terminó en un ataque de marinos a un grupo de pescadores en el que Enrique García Sánchez, El Kiki, recibió seis disparos –dos de ellos en la cabeza– que lo dejaron al borde de la muerte.
La agresión, grabada por los pescadores que iban con el afectado, demostró el error de los marinos y su uso excesivo de la fuerza contra gente desarmada que finalmente era inocente. En lugar de atenderlo médicamente en el lugar de la agresión, los marinos lo dejaron e incumplieron con los protocolos de atención diseñados para situaciones así.
Sus compañeros llevaron a Enrique a un hospital en donde fue atendido. Mandos navales le ofrecieron a su esposa dinero para evitar que demandara a la institución por lo ocurrido. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solo fungió en algunos momentos como mediadora entre Enrique García y la SEMAR, que se comprometió a atenderlo médicamente como una reparación del daño.
A Enrique lo operaron en un hospital naval, pero la atención médica la ha recibido en instituciones civiles. La SEMAR no volvió a ocuparse de su caso. Tampoco la CNDH.
En marzo de este año el centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), dieron a conocer la histórica sentencia de 22 años de prisión dictada en contra del capitán Raúl Enrique Sánchez Labrada y los marinos Renato Juárez Arellanes, Alfi Ahumada Espinoza, Carlos Adán Verdugo Amarillas y Eliseo Sánchez Patrón, por la desaparición forzada de Armando Humberto del Bosque Villarreal, ocurrida el 3 de agosto del 2013.
La detención, procesamiento penal y sentencia en contra de estos marinos se dio en el contexto de diversas denuncias acerca de la desaparición forzada de al menos 27 civiles ocurrida en los estados de Nuevo León y Tamaulipas en varios momentos entre 2013 y 2018.
La sentencia fue solo contra los marinos mencionados. Doce de los 27 civiles desaparecidos fueron localizados sin vida. El resto no ha aparecido aún.
Desapariciones, uso de la fuerza y violaciones graves
Diseñados como cursos en línea para todo el personal naval, los 12 documentos guía que lo integran desarrollan temas como el de la tortura, la desaparición forzada, las violaciones graves a los derechos humanos, los conceptos básicos del uso de la fuerza y el trato que se debe tener hacia los menores de edad y las mujeres entre otros temas relevantes.
El texto sobre la tortura –una presentación de nueve páginas que tiene como fuente de información a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1984– señala que esta es “Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
La tortura física, indica el texto, es la que se lleva a cabo mediante “Golpes, rotura de huesos, desgarros musculares, castración, aplastamiento, descargas eléctricas, desfiguración, quemaduras, aplicación de temperaturas extremas”.
La tortura sicológica es la que se realiza a través de “El aislamiento, la humillación verbal o física, desnudez durante los interrogatorios, la manipulación de la información sobre el detenido o sus allegados, falsas informaciones sobre daños sufridos por amigos y familiares”.
En el documento sobre la desaparición forzada –basado en el texto de la Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas (ONU, 2006)– explica a grandes rasgos de qué se trata este delito grave, cuáles son sus características y cuál es el marco jurídico que lo contempla y castiga.
Se señala también que las autoridades civiles y militares no están exentas de cometer este delito grave y cuáles son las obligaciones de las autoridades de todos los niveles si se enteran o conocen de alguien que haya cometido este ilícito.
Los doce temas o aspectos desarrollados en el curso en línea que desde el 21 de septiembre imparte la Marina para promover la difusión y el respeto a los derechos humanos son:
- Presentación Derechos Humanos
- Presentación conceptos básicos uso de la Fuerza
- Presentación directiva 003-09 y manual del uso de la fuerza
- Presentación Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza
- Presentación trato a grupos vulnerables con énfasis en mujeres y niños
- Presentación tortura
- Presentación Desaparición Forzada
- Presentación participación del personal naval en el proceso penal acusatorio
- Presentación violaciones graves a los Derechos Humanos
- Presentación DIH DD HH DIDH
- Presentación Derecho del Mar
- Presentación guardia costera
En la batería de temas que se desarrollan en el curso se revisan también las
Leyes de la Guardia Nacional, la Normatividad uso de la Fuerza y los Programas aprobados de la Universidad naval (UNINAV).
Curso impartido por SEMAR sobre Derechos Humanos
