En los últimos años se ha debatido la creciente participación militar en las acciones de los gobiernos latinoamericanos, situación preocupante considerando que el pasado dictatorial de la región se construyó a base de golpes de Estado, crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Hasta hace tres décadas los esfuerzos se orientaban hacia la construcción de instituciones democráticas capaces de garantizar regímenes democráticos, no obstante, debemos reconocer que el simple hecho de que ahora son los gobiernos civiles democráticamente electos quienes llaman por voluntad propia a los militares a desempeñar acciones internas.
Antecedentes castrenses como los del presidente Bolsonaro de Brasil nos remite al fantasma de las dictaduras militares, superadas bajo el supuesto de la redefinición de las funciones y límites de las fuerzas armadas para evitar excesos, dando origen, por ejemplo, a propuestas como la seguridad ciudadana donde el protagonismo corresponde a la sociedad civil.
También hasta hace no muchos años, México era considerado como un caso atípico en el estudio de las relaciones civil-militares ya que cuando Latinoamérica se veía en medio de dictaduras militares, México ya había pasado con éxito por una transición del presidencialismo militar hacia el presidencialismo civil y la apoliticidad y subordinación militar eran prácticamente incuestionables.
Décadas más tarde, la transición democrática mexicana del año 2000 no llevó a buen término, ni siquiera en la academia, el eterno debate sobre el papel de las fuerzas armadas en aspectos como su tamaño, despliegue, presupuesto, armamento, desarrollo tecnológico, controles y vigilancia de los Poderes Legislativo y Judicial, aspectos que concluyeron después en una serie de vacíos legales y confusión de las autoridades civiles en la delegación de facultades en materia de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública.
En fechas recientes la palabra militarización se ha convertido en una palabra adoptada por el lenguaje cotidiano de los mexicanos, quienes la han sustraído de los medios de comunicación tradicional y de las redes sociales, aplicada ya sea de forma indiscriminada para posicionar un statement y llamar la atención o como un lugar común que anuncia la llegada de los militares a una nueva esfera de la burocracia civil.
De acuerdo al índice Global de Militarización (Global Militarisation Index, GMI) 2019 elaborado por el Bonn International Center for Conversion (BICC), México ocupa el lugar 114 de un total de 154, increíblemente lejos del top 10 encabezado por Israel.
El índice considera a la militarización como el peso que tienen los militares derivado de tres variables de análisis: la comparación entre gasto militar con el PIB; el contraste entre el número total de los militares y el número de médicos y población en general; y la proporción entre el número de sistemas de armamento pesado disponible respecto al número de la población.
Si aplicamos dichas variables, de acuerdo al INEGI en 2019 México contaba con 365 980 médicos y de acuerdo al comunicado de prensa de SEDENA del 20 de mayo de 2020 de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional tienen un efectivo conjunto de 321,482 de los cuales están desplegados en operaciones 174,361; de acuerdo al Proyecto de Presupuesto Público Federal para la Función Seguridad Nacional 2019, el presupuesto de Defensa y Marina equivale al .36% del PIB, de un total de .38% destinado a la seguridad nacional, por su parte la OCDE afirma que México destina .96% cuando el promedio de Latinoamérica destina 1.7%, todo esto a compararse para una población de 125 millones de habitantes.
Aquí sólo nos faltaría el cálculo de armamento pesado, el cual en su mayoría son tanques, aeronaves e incluso misiles nucleares, índices internacionales como el 2020 Global Firepower Index (GFP) que clasifica a los países de acuerdo a su potencia de fuego global basado en 50 variables, el Ejército Mexicano ocupa el lugar 38 de 138 países; si bien no podemos tener una cifra exacta ya que en el caso de las aeronaves y tanques del Ejército Mexicano, en las solicitudes de presupuesto SEDENA reconoce que posee armamento pesado con más de 30 años de servicio y que cada año un cierto número termina su vida útil o son dados de baja por accidentes.
Si bien la militarización es un proceso que no se limita sólo a tres variables, el GMI reconoce que la alta asignación de recursos a los militares y la percepción de las amenazas también influyen en la militarización y de igual forma la relaciona con la fragilidad del Estado basada en la deficiencia de sus funciones: autoridad, capacidad y legitimidad y ahí es precisamente donde entra el caso de México: 1) Un gobierno con un discurso débil y a veces contradictorio; 2) Fuerzas Armadas/Guardia Nacional sin capacidad de despliegue para cubrir simultáneamente la totalidad del territorio terrestre y marítimo; 3) policías estatales y municipales infiltradas por el crimen organizado y 4) un presidente de la república que, si bien ganó las elecciones con alto nivel de legitimidad, la ha perdido prácticamente día con día gracias a sus propias acciones.
Lo cierto es que una buena cantidad de investigadores estadounidenses y europeos han hablado profusamente sobre militarización e incluso sobre la diferenciación entre militarización y militarismo, la mayoría de ellos coinciden en que el militarismo supone un modo de pensar en la sociedad en el cual se fusiona “lo político” con “lo militar”, en un binomio en el que lo militar tiene preponderancia sobre lo político y donde el enfoque militar predomina en las definiciones sobre cualquier riesgo a amenaza.
Militarización y militarismo no son categorías de análisis nuevas, ya desde hace más de 5 décadas autores como Edwin Lieuwen hablaron de un militarismo mexicano arraigado desde el inicio de la Revolución Mexicana.
Podríamos decir por ejemplo, que en México hay militarización de la seguridad interior y militarismo de la seguridad nacional; en este sentido se trata de dos caminos orientados hacia el mismo punto, a la vez de tratarse de procesos históricos, ya que la militarización de la seguridad interior (en una etapa más consolidada) se incrementó de manera paulatina a partir de 2006, mientras que el militarismo como enfoque ha tenido una trayectoria histórica más arraigada debido a que los militares desde la década de 1980 se concentraron en el estudio y desarrollo de la doctrina de seguridad nacional, la cual influyó en la Ley de Seguridad Nacional de 2005.
El punto es que por sí mismos, los valores y virtudes militares no deberían ser preocupantes, si consideramos que en su mayoría coinciden con los valores cívicos que nos enseñan en la escuela, el problema aparece cuando el gobierno civil y legítimamente constituido ante la ineficiencia de las instituciones civiles llama a los militares basándose en los criterios de eficiencia y honestidad, a lo cual analistas como Francisco Verdes-Montenegro llaman “honestismo militar” pero resulta que tiempo después, algunos militares empiezan a mostrar los mismos signos que caracterizaban a los funcionarios y burócratas civiles a los cuales reemplazaron.
Así fue en el reciente caso de corrupción publicado por El País (Gallegos, 25 de agosto de 2020), el cual no se trata del primer caso de corrupción en SEDENA y que deja muchas dudas sobre la efectividad de la Inspección y Contraloría General del Ejército no sólo para detectar, sino para sancionar los casos de desvío de recursos a empresas fantasma y compras a sobreprecios de ese gran negocio llamado Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
La securitización (que lleva implícita la politización) de la violencia e inseguridad en México, se refleja también en el uso de un discurso anti-militar como un statement en contra del presidente a través del instrumento más poderoso que posee el Ejecutivo como su Comandante Supremo.
Lo cierto es que las fuerzas armadas en la administración pública federal son junto a las secretarías de Hacienda y de Relaciones Exteriores, las que poseen mayor grado de institucionalidad si consideramos los servicios de carrera, los cambios en sus estructuras y la cercanía al Ejecutivo.
No obstante, de todas ellas los militares a través de la historia siempre han sido el círculo más cercano al poder y saben perfectamente cómo tratar a un Presidente de la República, independientemente de su personalidad, esto se ejemplificó perfectamente en el cambio de actitud de Andrés Manuel López Obrador respecto a los militares inmediatamente después de su reunión con los Secretarios de Defensa y Marina cuando fue declarado presidente electo en 2018.
Las fuerzas armadas nunca dirán NO al Ejecutivo, aunque sepan que el costo será alto a nivel institucional, ya en 2007 el entonces secretario de Defensa, Guillermo Galván en una comparecencia ante el Congreso presentó el documento Panorama General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, un diagnóstico devastador que predecía que la capacidad militar rebasaría su límite en el año 2012 si no se llevaban a cabo profundas transformaciones debido a la obsolescencia de los equipos y materiales además de la “desarticulación, desproporción y desajuste en el plano militar (…) que traduce en limitaciones tácticas y técnicas tan graves que los inhabilitan para actuar en operaciones de defensa del Estado mexicano” (Medellín en El Universal, 3 de diciembre de 2018), si cada vez con mayor frecuencia vemos en redes sociales las denuncias de los militares de tropa por las condiciones en las cuales son enviadas a “combatir el crimen organizado” (nótese el vocabulario bélico), entonces estamos viviendo el peor escenario que vaticinó el general Galván hace 13 años.
Esta militarización/securitización tiene serias implicaciones a la democracia, ya que es el principio para normalizar lo excepcional a través de continuidad de la emergencia.
Los mexicanos hemos visto desde 2006 cómo cada gobierno de diferente partido político refrenda la opción militar, no sólo como ejecutores de las políticas de seguridad, sino también cómo el gobierno civil los llama para diseñar y tomar decisiones en la materia bajo el argumento de que son los únicos con capacidad de hacerlo, el resultado son estrategias bélicas que privilegian al enforcement paradójicamente bautizado como “Operaciones de Construcción de la Paz” pero que en realidad son herederas directas de la “Directiva Integral del Combate al Narcotráfico” del gobierno de Felipe Calderón, y es que en verdad no podemos esperar otro esquema de los militares porque ellos no fueron educados ni entrenados para eso: no le pidas construcción de la paz a un instrumento diseñado para la guerra; en este aspecto podemos ver también el ejemplo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual desde hace más de una década imparte cursos de derechos humanos a todos los niveles de mando y niveles educativos militares al mismo tiempo que presenta quejas ante SEDENA por violación a los derechos humanos, ¿En verdad se puede ser juez y parte? El hecho es que la violación a los derechos fundamentales de los mexicanos también está minando la democracia.
Las relaciones civil-militares son en principio un asunto de confianza y de percepción. En ocasiones los civiles reconocemos la lealtad institucional de los militares cuando ha cambiado, ya en al tres ocasiones, el partido político en el gobierno, pero a veces también los civiles percibimos que los militares confunden la lealtad con la alineación y eso naturalmente genera desconfianza y rechazo entre la población civil al sentirse traicionada cuando la persona que ocupa el Ejecutivo utiliza su máximo instrumento de fuerza en contra de sus gobernados, mientras que los militares como institución se sienten traicionados por su comandante supremo por la sobrecarga de responsabilidades, por tomar decisiones sin asumir su responsabilidad, por dar órdenes sin respaldo documental haciendo a un lado los informes de los organismos de inteligencia y por obligarlos a mezclarse con policías civiles.
Los académicos mexicanos de seguridad y defensa no fueron capaces de proyectar un escenario en el que los militares tomarían el control administrativo además del control de la seguridad de sectores del gobierno no relacionados con la defensa, a ningún académico se le ocurrió pensar en la transición del año 2000, que veinte años más tarde las Fuerzas Armadas Mexicanas controlarían la construcción y futura administración del mayor aeropuerto internacional de México, que la corrupción obligaría al gobierno a designar a personal de la Armada de México en las capitanías de puertos o que un militar sería designado como Director de Administración y Finanzas del ISSSTE, la situación es tan incierta que ni siquiera las vacas sagradas de los estudios en seguridad y defensa de México (con más de 30 años de experiencia y casi compadres de sus exalumnos los secretarios de defensa) son capaces de publicar un escenario de la situación de las Fuerzas Armadas Mexicanas hacia el final del actual gobierno en 2024 y en parte es porque ni siquiera ellos mismos crearon una teoría de origen mexicano para analizar y establecer controles para evitar situaciones como las que estamos viviendo.
Si partimos del supuesto de que las fuerzas armadas son apolíticas, entonces no se puede entender la imagen casi surrealista del video donde por fallas de inteligencia y la falta de planeación de crisis, un general del Ejército Mexicano se vería obligado a dar una mini cátedra de teoría del Estado para tranquilizar a campesinos y ganaderos inconformes bajo el argumento de que la orden dada para la presencia militar en la presa la Boquilla fue emitida por un presidente por el cual los civiles votaron, ni que los mismos campesinos fueran capaces de golpear y humillar a los militares de la dualidad Ejército/Guardia Nacional para desalojarlos de una instalación estratégica (recordemos que por principio constitucional, corresponde el resguardo a las Fuerzas Armadas), en algún punto el hartazgo social mezclado con la desobediencia civil está afectando gravemente el único aspecto del gobierno que hasta ahora no se ha privatizado: las fuerzas armadas; la humillación de los mandos operativos como espectáculo hilarante también nos está dando una señal de alerta, que después de la risa también debería -en teoría- preocuparnos, ya que absolutamente nadie hasta ahora ha respondido satisfactoriamente qué organismo o institución existente podría reemplazar a los militares, entre los cuales crece cada día la frustración.
En este punto debemos sustraernos de la coyuntura para tratar de ver el panorama completo y preguntarnos: ¿A quién o a quiénes les conviene que los civiles desconfíen y no tengan ni el más mínimo respeto hacia las figuras de autoridad del Estado y el desprestigio total de las Fuerzas Armadas Mexicanas?
Los puntos críticos de la participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad interior se concentran en aspectos como la impunidad y autonomía militares, su participación en el diseño y toma de decisiones de las políticas de gobierno en materia de seguridad, así como en la influencia en nuevos sectores que favorecen a los intereses corporativos militares en detrimento del interés público de los mexicanos.
En una democracia no es normal que los militares realicen tareas de seguridad interior… no es normal que los militares se conviertan en la nueva élite tecnócrata de la seguridad interior…no es normal que la esfera militar no tenga controles derivados del sistema de pesos y contrapesos… pero estamos en un punto en que ninguna institución pública civil en México tiene capacidad de sustituirlos, a menos claro, que optemos por la opción final de la privatización total de la seguridad de México.
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