En un hecho inédito, la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) ofrecerá el próximo 13 de julio disculpas públicas por una serie de desapariciones forzadas y asesinatos cometidos por sus tropas de élite pertenecientes a la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES), y que fueron cometidos en 2018, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ciudad fronteriza con el estado norteamericano de Texas.
El acto deberá ocurrir el 13 de julio en la Plaza Primero de Mayo, precisamente en Nuevo Laredo, como lo señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Recomendación 36VG/2020 en la que se documentó la desaparición de 27 civiles ocurrida hace tres años en varios puntos de esa zona fronteriza, esto durante el despliegue de varios comandos de la UNOPES que buscaban disminuir los niveles de violencia de los cárteles de la droga que controlan esa región del noreste mexicano.
Se espera que sea el Contralmirante CG. DEM. Ramiro Lobato Camacho, Jefe de Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la SEMAR quien encabece el acto en la Plaza Primero de Mayo.
Al momento de los hechos, el almirante Marco Antonio Ortega Siu era el comandante responsable del manejo y control de la Unidad de Operaciones Especiales en su carácter de Coordinador General del Cuerpo de Infantería de Marina, cuya sede está en el Cuartel General, en la Ciudad de México. Otro mando señalado por organizaciones civiles es el capitán de Fragata Alfredo Reyes Mondragón, responsable de la Base de Operaciones de la Marina en Nuevo Laredo.
A ambos los ha señalado como responsables de al menos 47 desapariciones forzadas entre enero y junio de 2018, cuando medio batallón de la UNOPES fue desplegado en el noreste del para operar en la erradicación de células y comandos de sicarios del Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, Cártel de los Zetas Vieja Guardia y células del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Julio César Viramontes Arredondo, de 23 años de edad, es uno de los civiles desaparecidos. Su auto fue embestido por una camioneta de marinos quienes lo detuvieron y llevaron a instalaciones navales y de ahí a un lugar desconocido sin que se haya vuelto a saber algo de él. En torno a su desaparición hay testigos y versiones que avalan los señalamientos contra el personal naval.
En abril de este año fueron detenidos 30 marinos pertenecientes a la UNOPES, vinculados a los hechos. En los primeros días de junio otros 15 elementos de esa unidad de élite fueron capturados por elementos de la propia Marina e ingresados a la prisión del Campo Militar Número 1-A en la Ciudad de México.
Los 30 navales que están bajo proceso penal corresponden a los expedientes 155/2020, 307/2020 y 308/2020, es decir a solo 3 de las 34 carpetas abiertas desde el sexenio anterior para determinar la participación de los integrantes de la SEMAR en las desapariciones forzadas.
En su Recomendación 36VG/2020, la CNDH especificó que a los familiares de las víctimas, “en términos de la Ley General de Víctimas, se les brinde atención psicológica y tanatológica, en caso de requerirlo, realizando las gestiones necesarias para la identificación e inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, remitiendo a la Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento…
“se realicen las gestiones necesarias para la inscripción en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se coadyuve en la búsqueda efectiva, para lograr la localización inmediata y la presentación con vida, o de ser el caso, y con el mismo carácter, se localicen sus restos mortales y se entreguen a sus familiares, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias con que se acrediten su cumplimiento…
“De forma coordinada con el Gobierno del Estado de Tamaulipas y del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se lleve a cabo una disculpa pública institucional en favor de los familiares afectados, en un mismo acto de manera conjunta y coordinada, en presencia de esta Comisión Nacional, siguiendo los estándares internacionales, que incluya su publicación en un medio nacional y medios oficiales de la Secretaría de Marina y el Gobierno del Estado de Tamaulipas por un periodo de un año, y remitir a esta Comisión Nacional las pruebas de su cumplimiento…”