La detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda en el aeropuerto de Los Ángeles California por agentes de la DEA, bajo la acusación de tres cargos de narcotráfico y uno por lavado de dinero, ha sido excepcional, no sólo por el acto en sí mismo, sino también por la reacción del gobierno mexicano prácticamente paralizado al enterarse por embajador Christopher Landau.
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El nivel estratégico del detenido, los cargos imputados y la duración de la “Operación Padrino”, que por diez años y basada en los juicios de Joaquín el Chapo Guzmán, Edgar Veytia y Genaro García Luna, descubrieron la red de complicidades que comprueba tantas hipótesis que periodistas mexicanos como Anabel Hernández, habían publicado desde hace años bajo el costo amenazas de muerte y desplazamiento forzado.
Por alguna razón, en México hemos creado el imaginario colectivo de que los funcionarios de gobierno de alto nivel son intocables, especialmente los funcionarios castrenses, parte de esta narrativa se debe a esa hermetismo casi inquebrantable que los militares han mantenido a través de la historia, que a veces los exenta de la transparencia y rendición de cuentas y otras tantas les hace muy difícil su relación con la esfera civil, generando mayores problemas que no han podido resolver a través de su comunicación social.
Y así, a diferencia de las aprehensiones de delincuentes que en vez de abordar un avión para ser extraditados hacia Estados Unidos son liberados y de de las mentiras y contradicciones de los funcionarios de seguridad mexicanos, en una lección magistral de trabajo en equipo:
El Departamento de Estado informó a través de medios diplomáticos a las autoridades mexicanas del arresto, mientras que la Corte de Justicia de Brooklyn hizo pública la orden de arresto y los cargos; el Departamento de Justicia hizo pública la carta del Fiscal del Distrito Este de NY a la juez Carol Bagley donde se argumenta la negación de la fianza, acciones que en minutos detuvieron la desinformación originada a raíz del tweet de la periodista estadounidense Ginger Thompson.
Con todo, ya era bien conocida la desconfianza las agencias de seguridad estadounidenses, y especialmente de la DEA, hacia la cooperación con el Ejército Mexicano al tiempo que estrechó la colaboración con la Marina a partir de la época en la que se inició la investigación contra Cienfuegos, ahora se explica por qué la Marina fue el único organismo mexicano que planeó y ejecutó de la operación quirúrgica donde fue abatido Francisco Patrón Sánchez “El H2” en Tepic, Nayarit en febrero de 2017.
Reconociendo que el presidente Trump puede utilizar la aprehensión a favor de su campaña, por alguna razón, éste no ha manifestado su postura al respecto en todo el fin de semana a través de su cuenta de Twitter, en ese aspecto podemos cuestionarnos la lectura de uso electoral que han señalado algunos analistas mexicanos o tal vez se trata de la fantasía mexicana de pensar que los mexicanos somos tan importantes para los estadounidenses como ellos lo son para nosotros.
Para el votante estadounidense promedio, el nombre Salvador Cienfuegos no significa absolutamente nada, incluso en los principales medios de comunicación como Fox News y CNN, la noticia no ha pasado de un titular secundario de la sección de noticias internacionales, no ha tenido la trascendencia como lo fue en su momento, el arresto del Chapo Guzmán. Lo que sí es un hecho es que, en Estados Unidos, el protagonista central del estado de derecho no es el presidente, ni los funcionarios, sino los jueces.
Si bien reconocemos que afectará en un grado indeterminado la relación México-Estados Unidos, especialmente en materia de cooperación de seguridad, las constantes visitas en calidad de funcionarios de Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos Zepeda dan lugar a una serie de cuestionamientos que alimentan el imaginario colectivo alejado de la real coexistencia de intereses, negociaciones y confrontaciones institucionales (internas y externas) que se dan en ambas partes de la relación.
Aunque las autoridades estadounidenses mantengan una investigación en curso, dista de las implicaciones de arrestar a un funcionario de alto nivel de un gobierno extranjero en el marco de una visita diplomática, ya que esto conlleva no sólo la violación del derecho y tratados internacionales, sino también por los costos legales y políticos para Estados Unidos.
Si bien el mensaje de desconfianza de la DEA es contundente, podemos suponer que la aprehensión de exfuncionarios de seguridad es un nuevo lenguaje que sustituye a la certificación, pero que también es consecuencia de una serie de episodios de desencuentros que se remontan a la década de 1980 y que concluyeron con el intercambio de información de inteligencia que llevó a la captura e inverosímil liberación de Ovidio Guzmán hace exactamente un año.
Otra lectura es que, como institución, la DEA no ha olvidado la deuda del gobierno de México sobre el encubrimiento de los autores intelectuales, autores materiales y cómplices del secuestro, tortura y asesinato del agente Enrique Camarena Salazar en febrero 1985.
A través de una investigación, se sabe por testigos protegidos que el entonces secretario de defensa del presidente Miguel de la Madrid y también cuñado de Luis Echeverría, el general Arévalo Gardoqui y su jefe de estado mayor, habrían participado en la planeación con el Cártel de Guadalajara del secuestro del agente de la DEA con Ernesto Fonseca, Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero (liberado en 2013 y a quien el gobierno mexicano nunca extraditó pese a la reiterada insistencia del gobierno estadounidense).
Félix gallardo era jefe de Joaquín el Chapo Guzmán entonces líder del grupo de sicarios “Los Dormidos”, grupo encargado de desaparecer y sembrar el cadáver de Camarena a modo de que fuera encontrado por las autoridades mexicanas para dar fin a la presión del gobierno estadounidense quien decidió cerrar la frontera con México a raíz de la desaparición de su agente.
No obstante, si como algunos analistas señalan que la DEA creó una narrativa criminal en contra de Cienfuegos, entonces podemos esperar problemas diplomáticos mayores a largo plazo y sin importar quién sea el próximo presidente estadounidense. Si el juicio determina su inocencia y México emplea los adecuados mecanismos diplomáticos, entonces podríamos ser testigos del inicio de investigaciones por parte del Congreso estadounidense que no se habían visto desde el caso de la CIA y los Contras en Nicaragua.
Otro impacto es al interior del gabinete de seguridad de México y sobre la ya conocida desconfianza y rivalidad interagencial, así como para los esfuerzos de fusión de inteligencia; de igual forma genera mayor incertidumbre sobre el reemplazo de Alfonso Durazo de cara a su candidatura para gobernador de Sonora.
Significa también junto a liberación de Ovidio Guzmán y el manejo de la Pandemia de COVID-19, la tercera crisis vital para el gobierno del presidente López Obrador ante una de las mayores disyuntivas de su gobierno frente a la progresiva serie de acciones institucionales, administrativas y legales que le han dado a SEDENA un poder inédito en el gobierno, poder que no se había visto en México desde los gobiernos postrevolucionarios.
En los próximos meses será fundamental el desarrollo del juicio de Salvador Cienfuegos, su relación con los juicios del Chapo Guzmán y García Luna, así como las declaraciones de testigos protegidos y las pruebas que Cienfuegos pueda presentar para probar su inocencia.
Es interesante que el presidente López Obrador tenía cierta información sobre la investigación, aunque es improbable que tuviera conocimiento de los detalles, de lo contrario, considerando que el Ejército es una institución donde si se golpea a uno estás golpeando a todos, las consecuencias para la relación entre el presidente y el Ejército serían irreparables.
También será interesante la reacción del gobierno de México, si bien podría iniciar en una investigación paralela para aportación de pruebas a favor o en contra, también podemos pensar en el retiro de la embajadora y del agregado militar, del cierre total de fronteras o de la presentación de recursos legales ante organismos internacionales para defender no sólo el honor del acusado, sino del Ejército Mexicano frente a sus homólogos.
La sorpresa de la detención evidenció una vez más la falta de protocolos de manejo de crisis y de una estrategia de comunicación social y efectiva y contundente, tal parece que la liberación de Ovidio Guzmán no aleccionó sobre las consecuencias de ese silencio institucional que al final termina por crear un impacto mayor al Ejército y a las relaciones civil-militares.
La ausencia de estrategias de comunicación se ha tratado de subsanar en redes sociales donde han sido viralizados una especie de manifiestos donde se aprecia que, después del shock, la única respuesta que los militares pueden darse a sí mismos -y que utilizan para defender a Cienfuegos-, es el clásico argumento hipernacionalista de EUA vs México, cuando en otras coyunturas han alabado la cooperación bilateral, los premios, las condecoraciones, las visitas mutuas, los currículums plagados de cursos en escuelas militares estadounidenses y las estrellitas en la frente, en fin, la hipocresía…
