A casi dos meses del anuncio de la liberación de Salvador Cienfuegos el 17 de noviembre de 2021, siguen las mismas preguntas sin respuesta, igual de impactante que el arresto, la liberación y ahora su exoneración por la Fiscalía General de la República (FGR) nos obliga a considerar múltiples variables y retomar diversas hipótesis que se han mencionado, para encontrar una explicación apegada a la racionalidad y al pensamiento crítico por el cambio del escenario y por tanto, del análisis.
Tradicionalmente, para el estudio de las relaciones civil-militares, México siempre fue considerado un caso atípico toda vez que se transitó del presidencialismo militar hacia el presidencialismo civil, bajo el famoso “pacto no escrito civil-militar” de subordinación al poder civil bajo ciertas concesiones, como la autonomía (Art. 123 Fracción XIII), su propia seguridad social que incluye un sistema de pensiones (ISSFAM), su propia banca (BANJERCITO), etc. y fue gracias a este pacto, que cuando estaban en auge las dictaduras militares en Latinoamérica, México era la excepción.
Samuel Finer, un autor clásico en materia de relaciones civil-militares, escribió en 1962 en su libro “The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics” una tipología sobre las modalidades de presión militar bajo las cuales puede llevarse un golpe de Estado (coup d’État):
- Presión sobre el gobierno o el congreso, para influir a favor de los intereses militares;
- Extorsión ilegítima, basada en reclamos al gobierno o el congreso bajo la amenaza de que, en caso de no ser aceptados, procederán a acciones dañinas, denominadas golpe de Estado tácito, en la que el gobernante toma las decisiones que le imponen los militares como grupo de presión.
- Amenaza o uso de la violencia para reemplazar al gobierno civil por otro gobierno civil.
- Amenaza o uso de la violencia para reemplazar al gobierno civil por un gobierno militar.
Si nos basamos en Finer para evaluar la coyuntura en la cual se llevó a cabo la liberación del general Cienfuegos, México sigue siendo un caso atípico bajo otros los siguientes elementos:
Primero, política exterior: En este momento no existe duda de que se trató de un acuerdo político producto de una negociación diplomática bilateral cuya carta principal se basó en recurrir a la presión bajo amenaza de expulsión de los agentes de la DEA, hecho ante el cual el gobierno de México nunca había aceptado oficialmente, hasta ahora.
El cambio de postura del Ejecutivo mexicano, que pasó del pronunciamiento inicial de un logro para el gobierno actual frente a los gobiernos anteriores y terminó con una amenaza de terminar cualquier tipo de cooperación en materia de seguridad, como la expulsión de los agentes de las instancias de seguridad de Estados Unidos (Hamilton en Vice.com, 18 de noviembre de 2020, https://rb.gy/ghycea) o el finiquito de la Iniciativa Mérida (ElUniversal, 15 de enero de 2021).
Después de todo, el gobierno mexicano dejó la impresión internacional de “saber jugar rudo con USA”, cuando se trata de intereses estratégicos, como en el caso Cienfuergos, y a los mexicanos nos demostró que si existen mecanismos efectivos de negociación bilateral: para los generales si, para los migrantes no.
El resultado de la liberación también fue la súbita transferencia de la frustración de los miembros del Ejército Mexicano hacia los agentes de la DEA y que puede considerarse como el tercer episodio de desencuentros, junto a los casos de Enrique Camarena y de Ovidio Guzmán y que definitivamente tendrán una influencia determinada en grado variable en la cooperación binacional con el gobierno presidente Biden, sobre todo frente a la más reciente declaración del presidente López Obrador sobre la supuesta fabricación de pruebas por parte de la DEA (ElPaís.com, 15 de enero de 2021, https://rb.gy/dbdlfk).
La cuestión crítica en este punto es que, si bien la decisión del retiro de los cargos por fiscal Barr, el cual era un funcionario político que tenía los días contados en el cargo, será muy diferente a la opinión de los agentes operativos que construyeron el caso durante más de 10 años y que como funcionarios de carrera seguirán en la agencia antinarcóticos y que, en mayor o menor grado, seguirán conduciendo la cooperación con México, ya sentenciada por las declaraciones de un ex agente de la DEA al periódico Wall Street Journal: “Quedamos como tontos, perdimos credibilidad…Es una vergüenza.” (Gurman en TheWallStreetJournal.com, 18 de noviembre de 2020, https://rb.gy/hrcnkj).
Si nos apegamos al texto en inglés tanto del comunicado como el documento judicial hecho público, así como a las palabras de la juez Bagley en la audiencia final en la Corte de Brooklyn, se dejó muy en claro que la liberación fue producto de una negociación de alto nivel de ambos gobiernos, así como de la confianza del gobierno estadounidense de que en México se continuaría el caso, tal confianza se vería en menos de dos meses traicionada.
Lo anterior cuestiona al hecho de que la movilización del aparato diplomático se hizo en aras de proteger la soberanía nacional, bajo el argumento de que ante la presunción de que los delitos imputados al general Cienfuegos tuvieron lugar en territorio nacional, debe ser la Fiscalía General de la República llevara a cabo la investigación y un tribunal mexicano quien lleve a cabo el juicio.
Aquí la duda desde el anuncio de su liberación en Estados Unidos siempre fue sobre cómo podrían “traducirse” los cargos para enmarcarlos en las leyes y códigos de México, cuando la finalidad de los supuestos delitos afectaba directamente a la seguridad Estados Unidos y la salud de la población estadounidense: ¿La soberanía nacional reside en Cienfuegos?, ¿La exoneración de Cienfuegos es producto de la justicia o de la impunidad?
Desde su concepción, el Ejército Mexicano ha considerado en su doctrina de guerra la hipótesis de conflicto con Estados Unidos. Si consideramos que además del resultado de la negociación política, el país del norte dio a México una señal de confianza con la liberación del general Cienfuegos además de reconocer el valor para sus intereses estratégicos, de la relación en materia de seguridad con nuestro país: ¿Podemos esperar un rediseño de dicha hipótesis, así como las implicaciones geopolíticas que esta acción conlleva?
Si otra de las hipótesis giraba en torno a un intento del gobierno estadounidense por desestabilizar a México -como si no lo hiciera el gobierno mexicano por sí mismo-, ¿Cómo contrastaría la hipótesis de un golpe de Estado tácito con la idea generalizada de que en una época no muy lejana los golpes de Estado en Latinoamérica eran auspiciados por los gobiernos estadounidenses?
Segundo, política interior: Otra de las cuestiones es cómo podríamos explicarnos el cambio de postura del presidente López Obrador que transitó de la sorpresa, a la posterior adjudicación triunfal de la aprehensión y terminó por vincular el arresto como un “asunto de soberanía nacional” (Editorial, La Jornada.com.mx, 19 de noviembre de 2020, https://rb.gy/nyrw2j), hecho muy parecido al repentino cambio del discurso antimilitarista del candidato AMLO inmediatamente después de su primera reunión como presidente electo con las Fuerzas Armadas y que no puede ser más que atribuida a la información de inteligencia que le fue revelada.
Al mismo tiempo el cambio de actitud sobre el arresto del general Cienfuegos, se dio a partir de los escenarios que académicos respetados por las Fuerzas Armadas mexicanas y con acceso a fuentes de primera mano, apuntaban hacia una posible investigación y arresto de López Obrador al final de su gobierno (S/A en ContrapesoCiudadano.com, 16 de octubre de 2020, https://rb.gy/rhsuue).
La evolución ¿o involución? del presidente mexicano de ser un líder opositor de izquierda, el cual incluso ya como presidente fue objeto de mensajes públicos de cuestionamiento militar después de la Liberación de Ovidio Guzmán (Versiones.com.mx, 3 de noviembre de 2019, https://rb.gy/dyplhx) y que un año después, se está convirtiendo en el presidente más militarista de la historia contemporánea de México, casi al grado de que la percepción pública interpreta sus acciones como una subordinación del comandante supremo hacia el Ejército.
Tercero, Al interior del Ejército: Si consideramos que desde hace décadas, una de las principales objeciones que los militares mexicanos anteponen a la inefectividad de sus acciones contra el narcotráfico radica precisamente en la “puerta giratoria” y en una impunidad de más del 90% en México (Arvizu en ElUniversal.com, 22 de junio de 2019 https://rb.gy/nawrpf), entonces bajo la premisa de un proceso legal de primer mundo en el cual México se demostraría no sólo a Estados Unidos, sino al mundo, que cuenta con un aparato judicial eficaz: ¿Podemos considerar que casi dos meses de investigación y “análisis” de la FGR son suficientes para derrumbar un expediente de más de 700 páginas y más de 10 años de investigación de la DEA y pueden sustituir a un juicio?, ¿Los militares seguirán argumentando la justificación de impunidad para responder por qué a pesar de sus 14 años ininterrumpidos de operaciones, los indicadores de inseguridad y violencia siguen siendo una amenaza a la seguridad nacional de México?
La información publicada por medios nacionales e internacionales separaban a dos tipos de narrativas en torno al caso Cienfuegos, a favor de la inocencia y una a favor de la culpabilidad. Ambas retoman en primer lugar, la premisa nacionalista recurrente del Ejército Mexicano del hard power estadounidense, desde la supuesta debilidad con la que los agentes de la DEA construyeron el caso, hasta el extremo de un intento de desestabilización de México a través de mecanismos judiciales y de política exterior.
En segundo lugar, el cálculo racional de las declaraciones de los testigos protegidos (dilema del prisionero) y tercero, el argumento de quiebra de la empresa canadiense Blackberry confrontado con el hecho de que incluso en su peor su peor momento, en 2013, todavía contaba con 56 millones de usuarios a nivel mundial y a finales de 2019 seguía vendiendo teléfonos (Ramírez en LaInformacion.com, 31 de diciembre de 2019).
Ambas narrativas (inocencia/culpabilidad) sustentaron la validez/invalidez de las pruebas que no se han hecho públicas y de las cuales sólo fueron señaladas en la orden de arresto, por tanto, ambas narrativas poseen un equilibrio entre certeza e incertidumbre y no podemos incluirlas en el análisis mientras dicho expediente no sea público o sea sujeto a filtraciones.
En todo caso el predominio de una narrativa sobre otra fue basada en la confrontación de pruebas de culpabilidad del expediente de más de 700 páginas enviado por la DEA versus la evidencia documental de las decisiones, directivas, planes y órdenes de la administración del general Cienfuegos como Secretario de Defensa y de los subordinados designados bajo su influencia, que actualmente se encuentran en los archivos de SEDENA.
Si partimos de la idea de que efectivamente existan documentos físicos o digitales que los sustenten y que según la FGR fueron presentadas pruebas por el “señor general” (como menciona el comunicado de la FGR), lo cual nos indica que los exsecretarios de Defensa después de su administración, mantienen en su poder información clasificada de Seguridad Nacional. En este punto se tendría la cuestión es si la FGR posee la facultad de tener conocimiento sobre documentación clasificada de Seguridad Nacional perteneciente a SEDENA o si los exfuncionarios pueden retenerla en sus archivos personales.
Será interesante de igual forma, si Salvador Cienfuegos emprenderá acciones legales o públicas para limpiar su nombre, que en el fondo también implica la imagen del Ejército Mexicano como institución.
Si nos apegamos a la teoría de Finer, entonces estamos presenciando un golpe de Estado tácito en México, esa modalidad de golpe de Estado que es tan especial y única, que no necesita del ejercicio de la violencia cuando se está ejerciendo el poder. El actual secretario de Defensa general Luis Cresencio Sandoval, en su discurso con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, dijo con toda razón:
“Es evidente que no anhelamos ningún poder, porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo. Es evidente que no anhelamos ningún poder, porque el poder supremo de la federación se divide en legislativo, ejecutivo y judicial, perfectamente definidos en nuestra carta magna. Es evidente que no anhelamos ningún poder, porque dependemos del ejecutivo, a cuya autoridad nos subordinamos por ley y por la decisión democrática del pueblo de México, pero, sobre todo, por convicción.” (Sandoval en sedena.gob.mx, 20 de noviembre de 2020, https://rb.gy/wudgbj)
En efecto general Sandoval, pero por definición de uno de los más grandes estudiosos del poder, Michel Foucault: el poder no se posee, el poder se ejerce y en ese sentido general, ustedes como grupo de poder fáctico han dado una muestra magistral de que saben perfectamente cómo y cuándo ejercerlo.
A final de cuentas el General Cienfuegos es ahora persona libre y, de acuerdo a la FGR es inocente, de igual forma nosotros podemos presumir que creemos su inocencia, aunque la racionalidad sobre el desarrollo de los hechos concretos de su arresto así como de la coyuntura de su liberación y exoneración podría conducirnos hacia otra lógica, nos reservamos el derecho de pensarlo, a fin de cuentas lo más preocupante es el trasfondo y las implicaciones de este caso para el futuro de la democracia en México.
Tal vez los historiadores deberían recordarle al presidente López Obrador que así como el presidente Madero omitió el pequeño detalle de que estaba gobernando con el mismo ejército porfirista, él está gobernando con la misma institución castrense que comandaron Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.
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