A 56 años de iniciada a guerra sucia en México que cobró cientos de vidas y se tradujo en centenares de desapariciones forzadas, en ejecuciones, torturas y toda clase de abusos y vejaciones de militares y policías contra civiles, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó crear una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes cometidos por el Estado Mexicano entre1965 y 1990.
En esa oscura etapa de la historia reciente del país, el aparato de Estado del régimen priista se volcó para reprimir con toda su fuerza a guerrilleros, activistas, luchadores sociales, estudiantes, académicos, campesinos, líderes obreros y sindicales que se oponían al gobierno encabezado durante décadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El decreto publicado por el presidente López Obrador en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el miércoles 6 de octubre, señala que la comisión de la verdad será vigente solo hasta el 30 de septiembre de 2024, es decir, tres meses antes de que concluya su mandato, por lo que tendrá menos tiempo que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), creada en 2002, para investigar, llegar a conclusiones, presentar informes y resultados concretos.
En el periodo señalado en el decreto, el Estado Mexicano hizo uso de las fuerzas armadas –particularmente del Ejército y la Fuerza Aérea– para reprimir, perseguir, detener, torturar, ejecutar y desaparecer a miles de opositores al régimen. Esto ocurrió a partir de acciones directas de militares o bien mediante la creación de grupos paramilitares que actuaron a la par de cuerpos policiacos con presencia y despliegue local y federal.
Cifras conservadoras elaboradas por organizaciones civiles indicaban, a finales de los años 80 y principios de los 90, que al menos 500 personas fueron detenidas y desaparecidas por fuerzas policiacas y militares en varios estados considerados conflictivos y en los que surgieron movimientos subversivos, grupos de oposición y activistas a los que se persiguió hasta desaparecerlos.
En el 2002, el entonces presidente Vicente Fox, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado con la que intentó llevar a juicio a policías, militares, políticos y personajes responsables de la guerra sucia, incluyendo al ex presidente Luis Echeverría Álvarez (1° diciembre de 1970-30 noviembre de 1976, aún vivo) sin conseguirlo, debido a múltiples fallas de procedimiento y a limitaciones en la legislación mexicana.
El decreto del presidente López Obrador fue publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en él se establece que a partir de los compromisos firmados en años anteriores por el Estado Mexicano ante diversas instancias y organismos internacionales en materia de respeto a los derechos y con base en lo ordenado por la Constitución Política del país para “prohibir, perseguir, sancionar y prevenir las violaciones graves a los derechos humanos, reparar a sus víctimas directas e indirectas, así como garantizar sus derechos de asociación, a la verdad, y de acceso a la justicia”, se hace necesario expedir el ordenamiento que crea “la comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”.
El texto señala que “dentro del periodo comprendido de 1965 a 1990, en México se cometieron diversas violaciones graves de derechos humanos, mismas que han sido objeto de observaciones y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, que, en algunos casos, han determinado que el Estado Mexicano ha sido responsable de la desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial de personas”.
Estructurado con cinco artículos centrales y cinco transitorios, el decreto establece que serán también cinco las dependencias encargadas de llevar adelante la investigación:
I. Titular de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, quien la presidirá;
II. Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
III. Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
IV. Titular del Archivo General de la Nación;
V. Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;
VI. Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y
A estas instituciones se sumarán “cinco personas expertas de reconocida calidad moral o prestigio profesional que contribuyan con el objeto de la Comisión, quienes serán propuestas conjuntamente por un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, un representante de las víctimas, sus familiares y de las personas sobrevivientes, con la asesoría técnica de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
Paradójicamente, el decreto presidencial deja fuera de este marco a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra, hija de la activista Rosario Ibarra de Piedra, madre de Jesús Piedra Ibarra (21 años), estudiante y activista de izquierda presuntamente detenido y desaparecido por el Ejército Liga Comunista 23 de Septiembre Mexicano en 1975, señalado de pertenecer a la, uno de los grupos guerrilleros con mayor actividad y presencia en los años de la llamada guerra sucia.
El decreto de López Obrador para crear una comisión de la verdad coloca de nueva cuenta en el centro de la polémica a las fuerzas armadas, especialmente al Ejército y a la Fuerza Aérea, a las que ha encumbrado en su gobierno, en una dinámica de abierta y continua militarización criticada por sectores cada vez más amplios de la sociedad y que ha llamado la atención de una parte de la comunidad internacional.