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Militarización de recintos portuarios desata crisis de gabinete

Puerto de Ensenada, Baja California. Imagen ilustrativa

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enfrenta varios flancos de crisis en el terreno de la seguridad, en particular por la presencia, despliegue y funciones de las fuerzas armadas mexicanas en lo que va de su sexenio.
Uno de ellos se ha abierto en la administración portuaria civil, en donde Javier Jiménez Espriú acaba de renunciar al cargo de secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) debido a la decisión presidencial de entregarle a la Marina-Armada de México (SEMAR) el control de 116 recintos portuarios.
Espriú reveló en su carta de renuncia que esta era la razón fundamental de su renuncia al cargo; la militarización de los puertos y la entrega de facultades administrativas a la SEMAR, además del abandono al sector de la Marina Mercante y a la formación de pilotos y marinos especializados en esta actividad.
La SCT que encabezaba Jiménez Espriú controla la actividad portuaria a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, organismo en el que acaba de ser nombrada como nueva titular Rosa Icela Rodríguez, quien se desempeñaba como Secretaria de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).
La nueva coordinadora de Puertos y Marina Mercante ha ocupado varios cargos de creciente importancia exclusivamente en la administración del gobierno de la CDMX, pero carece por completo de experiencia en el ámbito marítimo. En tanto, en la titularidad de la SCT ha sido nombrado el ingeniero Jorge Argánis Díaz, un septuagenario de amplia trayectoria en la administración pública.
A la respuesta airada de la oposición, de especialistas, de mandatarios estatales y de diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), la Marina opuso entrevistas anónimas, con funcionarios que no dieron sus nombres o cargos, pero que aseguraron que la institución no va a meterse en temas administrativos, sino en temas relacionados con el manejo de la seguridad en recintos portuarios, impulsando medidas más rigurosas para controlar todo lo que entra y sale de los recintos marítimos.
El tema de la presencia de la SEMAR en los recintos portuarios del país comenzó a gestarse en 2016, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando la discusión acerca de la falta de controles, la presencia del crimen organizado y el intenso tráfico de toda clase objetos y mercancías ilegales abrumaba a una de las actividades comerciales más importantes y rentables del país.
En ese año el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, era asediado por cárteles de la droga que se rehusaban a ceder terreno por el control del recinto y por los cargamentos de precursores químicos procedentes de Asia con los que se elaboran drogas sintéticas.
El gobierno federal ordenó a la Marina-Armada de México tomar el control de la seguridad interior del recinto y al Ejército garantizar la seguridad perimetral, la de los trabajadores y funcionarios y la de los cargamentos sensibles que salieran de lugar. Mientras esto ocurría, en el congreso se preparaban cambios fundamentales para que a partir de 2017 la Marina asumiera el control de 106 recintos portuarios para imponerse como Autoridad Marítima y restablecer el estado de derecho que se había perdido.
En marzo de 2017, el entonces secretario de Marina, almirante Vidal Soberón Sanz, declaraba en entrevistas que quitarle a la Armada de México la seguridad y control portuario había sido un grave error de anteriores gobiernos que, además, habían dejado a las administraciones portuarias sin recursos económicos para operar, con personal escaso y mal preparado.
Con los años y la expansión del crimen organizado, los recintos portuarios, que ya vivían una creciente corrupción, se convirtieron en presa fácil de la delincuencia, señalaba Soberón. Por ello, el gobierno de Enrique Peña Nieto preparaba el terreno para que la Marina asumiera el control de 103 capitanías de puerto –que luego se extendieron a 116–, lo cual ocurrió el 18 de junio de 2017.
Previo a esto se publicaron acuerdos y decretos para darle sustento legal a la llegada de la Marina. Un mes antes, entraba en operaciones la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos de la SEMAR, encargada de todo lo relacionado con la seguridad portuaria y el seguimiento a embarcaciones en alta mar.
Con López Obrador estas funciones se han ampliado. Ahora, además del despliegue naval que a la fecha tiene 876 marinos en los recintos portuarios, el presidente ha ordenado que el Ejército asuma también el control de al menos 49 recintos aduanales en el país, misión que se suma a lo ordenado el 11 de mayo de este año, cuando, por acuerdo presidencial, el Ejército y la Fuerza Aérea regresaron a las calles a cumplir tareas de seguridad en apoyo a la Guardia nacional.
En tanto, los marinos mercantes y sus dirigentes argumentan que lo ordenado por el presidente es ilegal, viola la constitución del país y tuerce la legislación en materia de administración portuaria dado que las funciones que se le darán a los marinos y soldados sólo pueden ser ejercidas por civiles.
De hecho, los cambios que permitirán a marinos y soldados operar en recintos portuarios y aduanales implican que también haya modificaciones a la constitución política del país, además de cambios a media docena de leyes y reglamentos del ámbito marítimo y de la administración federal.
En este marco, la SCT anunció hace unos días la salida intempestiva de Héctor Mora de la dirección general de la API de Manzanillo, quien será sustituido por el almirante Salvador Gómez Meillón.
Algunas de las remociones y cambios en las administraciones portuarias podrían implicar investigaciones de tipo penal, cuestión que la SEMAR, la SCT y el gobierno federal están por definir.

Jorge Medellín
Jorge Medellín

Periodista en temas militares y de seguridad, con más de 30 años desarrollando estos temas en diversos medios de comunicación. Twitter: @JorgeMedellin95

Capitán Manuel Gutiérrez Gallardo, Ensenada Baja California.
Capitán Óscar Miguel Ochi, API Altamira.
Vicealmirante Miguel Báez Barrera, API Tampico.
Vicealmirante Nicodemus Villagómez Broca, API Tuxpan.

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